Editorial de La Nación de ayer

Domingo 17 de setiembre de 2006

Editorial I

El primer derecho humano

Desde hace algún tiempo se discute en nuestro país, en diferentes foros, si la práctica del aborto debe ser socialmente tolerada o aceptada, o si debe seguir estando penalizada por la ley. El debate es abordado desde perspectivas diferentes: en apoyo de una u otra postura, se invocan argumentos de orden filosófico o moral, se reivindican principios de carácter religioso, se analizan factores vinculados con la preservación de la higiene social o de la salud pública, se reclama el derecho de las mujeres a la libre disposición de su cuerpo, se examinan y se proyectan en el tiempo las actuales tendencias demográficas, y se difunden estadísticas demostrativas de que la propensión a interrumpir embarazos no deseados está considerablemente arraigada en nuestra sociedad.

Por encima de todas las consideraciones sectoriales o parciales que se suelen formular, existe un argumento primordial y superior que de ninguna manera puede ser obviado y es el que convoca a privilegiar, en todos los casos, el valor supremo y fundante de la vida humana. ¿Cómo encontrar una razón más convincente que aquella que invoca la necesidad de defender la vida?

El derecho a la vida se impone, en efecto, como el primero y el más esencial de los derechos humanos. Si a una persona ya conformada genéticamente se le niega ese derecho sustancial, se la está condenando a la más oscura y total de las muertes: la que no dejará rastro alguno en el tiempo ni en el espacio.

El aborto implica la destrucción absoluta de una vida humana actual y de su proyección hacia el futuro. Esta verdad terrible y desnuda es más que suficiente para que pierdan validez, en el estricto plano de los principios éticos, todas las posturas de signo contrario.

En la tradición del pensamiento humanista que preside desde hace siglos el desarrollo de los pueblos civilizados no hay nada más digno de ser defendido que el derecho de vivir. Toda nuestra cultura clásica, toda nuestra evolución histórica, marcharon con firmeza en esa dirección. El principal legado del humanismo contemporáneo es, en efecto, el que conduce al reconocimiento de la suprema dignidad de la persona humana. Desde el siglo XVIII en adelante, todas las declaraciones universales de derechos situaron al hombre, al ser humano, en el centro del sistema general de valores que preside la marcha de las civilizaciones.

Por supuesto, el reconocimiento del derecho a la vida como un principio universal e inalienable no implica desconocer las otras complejidades sustanciales que asoman detrás del drama doloroso del aborto. Por lo pronto, no se puede ignorar, a esta altura de la evolución del pensamiento, que el derecho de todo ser humano a participar de la vida, tal como lo concebimos y lo definimos hoy, está íntimamente asociado a otro derecho no menos esencial: el de aquella persona en cuyo cuerpo está llamada a instalarse o a germinar la vida de toda persona futura. Esa asociación prácticamente indisoluble entre dos derechos generalmente unidos y en ocasiones contrapuestos, como son el de la madre y el del hijo en gestación, ligados por un vínculo natural en el que reposan las claves últimas del misterio de la vida, obliga a examinar el problema en su más honda complejidad existencial.

Nadie podría ignorar, por ejemplo, que en determinadas situaciones extremas la interrelación de esas dos vidas puede llegar a conducir a una trágica contradicción de intereses vitales. Cuando eso ocurre, la pérdida de una vida puede llegar a ser el precio necesario para la preservación de la otra vida. Y ahí no es admisible una escala valorativa o discriminatoria: todas las vidas tienen la misma dignidad. Pero fuera de esos casos extremos, mantiene su vigencia el principio moral antes señalado que obliga a respetar la vida en toda circunstancia, con rigor y determinación.

No hay duda tampoco de que ese principio rector que consagra el valor supremo de la vida humana debe estar necesariamente reflejado en la estructura de valores que el orden jurídico de una nación expresa y presupone. No debe olvidarse que el derecho positivo, hijo directo o indirecto del derecho natural, cumple una función de ejemplaridad moral al establecer y enunciar cuáles son los valores éticos y humanos que merecen gozar de una plena tutela jurídica.

En cumplimiento de esa misión testimonial y ejemplarizadora que las leyes están obligadas a cumplir, muchos países incluyeron tradicionalmente en sus ordenamientos legales, de manera expresa, el principio que garantiza la protección de la vida humana desde el momento mismo de la concepción.

En el caso argentino, esa actitud es coincidente, por lo demás, con el criterio de valoración que aparece consagrado en los principales tratados y convenciones internacionales suscriptos y refrendados por el país. Es importante recordar que, desde la reforma constitucional de 1994, las cláusulas de esos acuerdos internacionales tienen, en la Argentina, rango constitucional.

Cuando se reclama que la práctica del aborto sea despenalizada, no se toma en cuenta la gravedad del mensaje moral y cultural que la sociedad estaría emitiendo si adoptara esa decisión: la Nación estaría declarando institucionalmente que determinadas vidas humanas no merecen gozar de la debida protección jurídica.

Y estaríamos reconociendo, como sociedad, que frente a la destrucción violenta de una persona genéticamente conformada, la estructura del Estado nacional no tiene ningún reproche que formular, ninguna objeción que oponer. Adoptar una decisión legislativa de ese tipo significaría asestarle un golpe tal vez mortal al sistema de valores que la Nación ha defendido tradicionalmente desde las trincheras del orden jurídico y del derecho positivo.

Nadie está negando la necesidad de que las estrategias sociales tendientes a velar por la seguridad pública y por la salud de las mujeres argentinas responda cada vez más a criterios modernos, realistas y efectivos. Pero no es posible renunciar con ligereza a una concepción jurídica que apunta a la protección del más fundamental de los derechos humanos: el que garantiza y protege la vida.

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/841128

Consignas TP

Fecha de entrega: Martes 10 de octubre, en la clase.

Aclaración: el alumno que falte a clase deberá haber enviado por correo electrónico el TP antes del día y horario de clase de entrega, de lo contrario se considerará como "entregado fuera de término", con las consecuencias que esto implica.

Modalidad de entrega: Impreso.

El trabajo debe desarrollar sintéticamente las principales ideas éticas claramente distinguidas de la obras El existencialismo es un humanismo de J. P. Sartre y El hombre en busca de sentido de V. Frankl.
A su vez deben establecerse diferencias y semejanzas entre ambos autores.
Por último deberá escribirse una conclusión personal a partir de lo aprendido (mínimo media carilla).


El TP tendrá una extensión aproximada de 3 páginas A4 en Times New Roman 12, interlineado sencillo, sin incluir la portada.

La Nación Martes 5 de setiembre de 2006 Noticias | Opinión | Nota

Sociedad, empresa y Estado

Por José Luis Roces

Para LA NACION

Todo empresario busca con su empresa obtener una ganancia sobre el capital invertido. Personalmente, creo que eso no sólo es legítimo sino que es también un motor de la economía de carácter insustituible. De hecho, ése es el "primer compromiso de responsabilidad social". Pero la discusión no es, hoy, si es necesaria la ganancia. Por fortuna, ése es un debate ya superado.

Ahora, las controversias son de dos tipos: una, de naturaleza pública, y otra, privada. La pública es cuánta es la ganancia admitida o la tasa fiscal de una economía y, en cuyo caso, cuál es el destino final de los fondos de esa fiscalización.

Y esta controversia es aún más profunda en los países donde sus gobiernos no han dado muestra satisfactoria del uso de los fondos públicos en la solución de los temas clave de la sociedad: la educación, la salud, la justicia y la seguridad.

Muchas de las acciones que hoy observamos en la larga nómina de ejemplos de responsabilidad social empresarial (RSE) son actividades que las empresas asumen para corregir las falencias del sector público. De hecho, en las empresas donde actué como directivo, esas actividades estaban concentradas en programas educativos y sanitarios para las comunidades y muchos de los debates internos se centraban en por qué mantenerlos si el Estado debería hacerlo con los impuestos recaudados.

Este marco de relación de responsabilidades es vital. Es preciso cuestionarse qué debe hacer el Estado y qué pueden hacer las empresas, complementariamente. Entenderlo y resolverlo, para un país como el nuestro, es una precondición ineludible para un movimiento de RSE efectivo.

Según mi experiencia, se requiere un Estado "fuerte", representado en el efectivo ejercicio de sus poderes de control y del manejo responsable de la función pública, que provea del marco educativo, sanitario, jurídico y de seguridad, para que ello sirva para distinguir con legitimidad las grietas de responsabilidad empresarial. Siguiendo esta concepción del problema, el Estado pierde legitimidad cuando pretende imponer condiciones a los agentes de una sociedad, mientras no cumple con su misión específica.

No obstante, el camino de la RSE es una trayectoria posible y una respuesta equilibradora. Sólo que no creo en su efectividad asociada a la creación de modelos de cumplimiento obligatorio; creo, en cambio, en la promoción de incentivos a las tareas filantrópicas y a la promoción social de los empresarios "coherentes y genuinamente responsables".

Es imprescindible, para ello, el Estado fuerte que reclamamos. Un Estado creíble en sus funcionarios y sus acciones de control y fiscalización.

Desde la perspectiva empresaria, la RSE se consolida cuando, dentro de las empresas, las acciones de solidaridad y de respeto a las leyes son la forma cotidiana de comportarse. No creo en los "dobles standards". Estoy convencido de que el valor del accionista, como forma de perdurabilidad de una empresa, surge de otorgar valor a los empleados, los proveedores, los clientes y a la comunidad de referencia. Lamentablemente, vemos muchas iniciativas que, a veces, nos hacen dudar si la RSE es una herramienta de marketing o de imagen corporativa, cuando en realidad sólo debería reflejar, para ser creíble, el nivel de conciencia del liderazgo de la empresa.

Por esta razón, considero que una forma de expresar esa RSE, más lenta pero más duradera, es comprometerse en el desarrollo de una nueva dirigencia que sea educada y que crea en estos valores.

Esa es la misión que desde la universidad debe asumirse como compromiso, formar una nueva generación que sea "socialmente responsable", para construir un futuro más prometedor para la Argentina y el mundo.

El autor es vicerrector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.